El BOE publica la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social

 

La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) es, según la definición de
la Unión Europea, "la integración voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
empresariales y sus relaciones con sus interlocutores".

El nuevo órgano nace como consecuencia del compromiso del Gobierno español
de diseñar una política de fomento de la RSE, fruto del diálogo y el
consenso de todos los agentes que participan en la consecución de una
sociedad más cohesionada socialmente, que respete los derechos humanos,
favorezca la inclusión de los excluidos sociales y respete el medio
ambiente.

Con su creación se da satisfacción a las demandas de los agentes sociales,
sino que se cumple, además, con el mandato recogido en una moción del
Pleno del Senado, en mayo del pasado año, que instaba al Gobierno a crear
dicho Consejo.

OBJETIVOS

* Constituir un foro de debate sobre RSE entre las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, administraciones
públicas y otras organizaciones e instituciones de reconocida
representatividad en ese ámbito.
* Fomentar las iniciativas sobre RSE, proponiendo al Gobierno medidas
que vayan en ese sentido, y con especial atención a la singularidad de
las PYMES.
* Informar, en su caso, sobre las iniciativas y regulaciones públicas
que afecten a las actuaciones de empresas, organizaciones e
instituciones públicas y privadas, que constituyen un valor añadido al
cumplimiento de sus obligaciones legales.
* Promocionar herramientas más adecuadas para la elaboración de las
memorias e informes de sostenibilidad y de RSE.
* Analizar el desarrollo de la RSE en España, la Unión Europea y
terceros países.

El Consejo se crea en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, cuyo titular será el presidente, y estará compuesto por cuarenta
y ocho vocales, en cuatro grupos de doce miembros por grupo elegidos entre
las organizaciones empresariales; las sindicales; las organizaciones e
instituciones de reconocida representatividad e interés en el ámbito de la
Responsabilidad Social; y las Administraciones Públicas.